Aseguradas 8 personas en Norte de Santander por presunta extracción ilegal de carbón

Aseguradas 8 personas en Norte de Santander por presunta extracción ilegal de carbón

octubre 27, 2020 Desactivado Por Lsfadmin

Las minas y socavones fueron cerrados por autoridades locales pues no contaban con los permisos y autorizaciones de ley. A pesar de esto los implicados continuaron con la extracción ilegal del mineral causando un grave daño al medio ambiente.

 

Ante un juez con funciones de control de garantías de Cúcuta (Norte de Santander) fueron presentadas ocho personas imputadas por la Fiscalía como presuntas responsables de los delitos de explotación ilícita de yacimientos mineros, daño a los recursos naturales y contaminación ambiental por explotación de yacimientos mineros. Cargos que ninguno de los implicados aceptó.

 

Tras exponer los argumentos, la Fiscalía vinculó formalmente a las ocho personas a la investigación y el juez del caso dictó medida de aseguramiento en su contra.

 

Esta acción fue adelantada en el marco de los direccionamientos estratégicos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para quien la protección del medio ambiente es una prioridad.

La operación que terminó con estas ocho judicializaciones fue liderada por la Dirección Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos – Eje Temático Protección a los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, por medio de la Fiscalía 10 Especializada y contó con el apoyo de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional.

 

Los funcionarios que hicieron parte de esta acción ejecutaron allanamientos en tres minas ilegales de carbón, ubicadas en la vereda 20 de Julio del municipio de Zulia (Norte de Santander). Allí fueron capturados los ocho implicados, dos de ellos de nacionalidad venezolana.

Minas ilegales

 

Las investigaciones de policía judicial evidenciaron como, al menos, en los últimos cinco años se adelantaba la explotación ilícita de carbón en las referidas minas, tipo socavón.

Cálculos preliminares dan cuenta de que, al menos, seis toneladas del mineral eran sacadas mensualmente de las minas.  Dicha actividad, se precisó, se realizaba de manera anti técnica, insostenible, sin medidas de control y manejo ambiental y no contaban con las normas mínimas de seguridad requeridas para la extracción del carbón del subsuelo, o un plan de manejo ambiental para su pleno funcionamiento.

Las minas fueron consideradas ilegales debido a que no contaban con el respectivo título minero entregado por la Agencia Nacional de Minería y Licencia Ambiental, o su equivalente por parte de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) para la explotación del carbón.

No obstante, sí contaban con equipos mecánicos especializados como motores, comprensores, plantas eléctricas, volquetas, malacates (equipo que permite subir a la superficie las vagonetas con el mineral).

Por petición de la Delegada para el Medio Ambiente de la Procuraduría General de la Nación, autoridades locales del municipio de Zulia (Norte de Santander) habían realizado, previamente, visitas de inspección y habían sellado las minas. A pesar de esto los sellos fueron levantados y continuaron la actividad ilícita, sin importar el grave daño al medio ambiente y el riesgo latente de muerte para los mineros.

Daño ambiental

El impacto ambiental es visible a simple vista. La contaminación provocada por la extracción de carbón sin contar con las condiciones requeridas generó graves perjuicios al suelo, al aire, al paisaje y; claro, a la comunidad que vive en la vereda 20 de Julio.

Las irregularidades encontradas permitieron establecer que hay movimientos de grandes cantidades de material minero y tierra sin control.

Desapareció la capa vegetal nativa en cientos de metros en torno a las minas. Hay evidente erosión y compactación del subsuelo. No hay un adecuado manejo de aguas residuales, por lo que se contamina el medio ambiente. El uso de volquetas descapotadas provocó que el polvillo del carbón se esparciera impactando negativamente el aire que respiran los campesinos de la zona y en algunas bocaminas hay agrietamiento del suelo.

La Fiscalía General de la Nación publica la presente información por considerarla de interés general.